BOLETÍN NÚMERO 51 EL JARILLÓN: UN DIQUE ACUMULADO DE FALLAS SOCIALES Y AMBIENTALES

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BOLETÍN NÚMERO 51 EL JARILLÓN: UN DIQUE ACUMULADO DE FALLAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Lunes, 15 Junio 2015 00:00
Hoy que ha sido otra vez ocupado un templo caleño, en esta ocasión la entrañable Iglesia de la Ermita, en atención al conflicto de habitantes de un sector del Jarillón del rio Cauca -insistiendo en la necesidad de superar los mecanismos de hecho y las disputas lamentables entre comunidad e instituciones-, hacemos un llamado a un pronto entendimiento entre las partes y compartimos algunos elementos que ayuden a la ciudadanía a comprender la complejidad del proceso que se viene presentando en este corredor de la ciudad, en el cual se corren riesgos no sólo físicos sino sociales que implican asumir el reto de encontrar salidas alternativas sin vulnerar la dignidad y los derechos de pobladores humildes.

 

Antecedentes

 

El Jarillón del río Cauca fue construido por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en la segunda mitad de la década de 1950, con una extensión de 17 kilómetros, con el fin de habilitar zonas para la agricultura en el Oriente, en el marco del Plan Estratégico de la CVC[1]; así pues, esta barrera de tierra va desde el corregimiento de Navarro hasta la desembocadura del río Cali, sobre la altura de Floralia, ubicado en la comuna 6. De hecho, la edificación de este muro de protección se debió a que sus zonas aledañas, las cuales eran utilizadas para el cultivo de arroz, sufrían de continuas inundaciones por parte del desbordamiento del río Cauca; es decir que, el Jarillón nació con el objetivo de proteger a la economía agrícola que, especialmente, se desarrollaba en la comuna 21[2].

Ahora bien, es imperioso rememorar cómo antes de la construcción del dique ya habían asentamientos humanos en este territorio, recordemos a Navarro como sitio de intercambio comercial a finales del siglo XIX e inicios del XX, la Hacienda Las Palmas en lo que hoy se conoce como el AHDI Las Palmas en la comuna 21 y La Playita – Puerto Mallarino y Puerto Nuevo, más aún Brisas del Cauca se inicia en la comuna 7 como respuesta al maremoto del 79 en la Costa Pacífica, pero es a partir de la década de 1970 que numerosas familias oriundas de la ciudad y desplazadas de diversos departamentos, empiezan a construir sus propias casas sobre la orilla del río Cauca y el Jarillón.

En ese entonces, dicha zona seguía siendo de vocación rural como en la mitad del siglo XX, donde además, había cría de ganado. Sin embargo, a inicios de la década de 1990 surge un conflicto por la administración de dicho lugar. Para ese tiempo, la CVC argumentaba que era propietaria de los terrenos ubicados en la parte norte de la zona, y que por eso, la Secretaría de Gobierno Municipal debía desalojar a las 167 personas, que en ese entonces, habitaban dichos espacios.

 

De esta manera, ya desde 1995 tienen lugar las órdenes de desalojo de los territorios aledaños al dique, siendo el primero el del corregimiento de Navarro. Si bien el primer punto de discusión para el desalojo de estos territorios fue la propiedad de la CVC, al poco tiempo fueron expuestos otros que giraban en torno a que la población estaba viviendo en una zona de alto riesgo de inundación que, además, debía empezar a ser intervenida por un proceso de recuperación ambiental por tratarse de las orillas del río Cauca, un afluente que proporciona la mayor parte del agua que consume la población caleña.

Para 1998, también la necesidad de construir y poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-, fue motivo para plantearse la reubicación de otras 60 familias, con el objetivo de que en esos terrenos se realizaran las obras responsables de transportar el agua residual tratada hacia el río Cauca. En ese momento, se habló de una concertación con dichos hogares para que desocuparan el espacio y se trasladaran hacia el barrio Quintas del Sol, en la comuna 14[3]. Ahora bien, sólo hasta 1999, la Administración Municipal inicia un estudio con el fin de saber el estado del dique, las consecuencias de un posible desbordamiento del río Cauca, y las medidas necesarias para detener la erosión de sus orillas. 

 

Planes de reubicación

 

Los estudios de diversos centros de investigación especializados evidencian una situación de riesgo físico que podría generar un eventual desborde del río Cauca, afectando cerca de novecientos mil caleños y caleñas; pero también los estudios modelan unos niveles mitigables de riesgo y reconocen que son varios los factores que generan este peligro e identifican, además, el hecho de que la gestión del riesgo debe tener en cuenta la ocupación humana del territorio y la participación de las comunidades en la trasformación de esas circunstancias.

 

El “Plan Jarillón del rio Cauca y obras complementarias – Pjaoc”, hoy Plan Jarillón de Cali, fue postulado por la Gobernación del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el 2012. Todo este proyecto de recuperación del Jarillón del río Cauca, ha tenido como objeto transformar los 17 kilómetros del Jarillón del Río Cauca a quien se le anexó el Jarillón del Río Cali, el Canal Interceptor CVC Sur, e incluye la recuperación hidráulica y ambiental de las algunas de El Pondaje y charco Azul; el mejoramiento hidráulico del Canal del río Cañaveralejo, las estaciones de bombeo de Paso del Comercio y el canal Oriental.

El 24 de agosto de 2012, el Municipio de Santiago de Cali y el Fondo Adaptación firmaron el Convenio Marco Interinstitucional No. 076 de 2012, en el cual, ambos se comprometieron a ejecutar el Plan Jarillón de Cali. El proyecto contó con una inversión de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales el Fondo de Adaptación aportaría $823.000 millones,  ésta intervención inició en Junio de 2013, proyectándose finalizar en el 2017.

 

Contempla cuatro actores principales (EMCALI, CVC, Municipio de Santiago de Cali y Operador de vivienda), le corresponde a la Alcaldía de Santiago de Cali, generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) tiene el compromiso en el mantenimiento y sostenibilidad de la obra Jarillón, a las Empresas Municipales de Cali Emcali E.I.C.E. E.S.P. (EMCALI) la responsabilidad y manejo de la infraestructura de la Estación de Bombeo Paso del Comercio, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo, Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino, el mantenimiento de las lagunas, entre otras y a la Gerencia de Innovación de proyectos –GIP- encargada de la conducción y la coordinación del Plan en los componentes vivienda, infraestructura y social.

El Plan proyectó obras para evitar el riesgo de inundación por desbordamiento del río y sus tributarios en la zona del Jarillón de Aguablanca desde la desembocadura del Canal Interceptor Sur CVC, hasta la desembocadura del río Cali, lo cual implicaba la reconstrucción total de los diques, así como el desarrollo de obras para eliminar las filtraciones de agua, con diecisiete kilómetros de reforzamiento estructural, 2 kilómetros del Jarillón del Río Cali y seis kilómetros del canal interceptor sur, donde se sube el nivel del dique, para que el período riesgo de inundación se amplié considerablemente sea de 500 años (para que se presente un evento de inundación) y mejorando la capacidad hidráulica del río.

 

Para esto sería necesario la reubicación de aproximadamente 7.852 hogares que habitaban en el Jarillón y la zona de lagunas del Pondaje y Charco Azul, identificados en condición de alto riesgo no mitigable, selección realizada mediante un censo que se ejecutó hasta el 1 de agosto del 2014, fecha límite de inclusión la cual no sería renovable, es decir no se aceptaría el ingreso de nuevos hogares luego de ese plazo. Para la ejecución de esta línea se contó con dos operadores, el Fondo Especial de Vivienda y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – Comfandi-  para lo cual se proyectó la construcción de un número de 6.300 viviendas. 

La reubicación de las familias es un componente a cargo del Municipio de Cali, que corresponden a 5.115 viviendas asentadas en el Jarillón, el 60% de los hogares y 2.770 en la Laguna del Pondaje, equivalentes al 40% de los residentes en la zona de afectación. Los programas de reubicación habitacional están a cargo de la Secretaría de Vivienda, el Fondo especial de Vivienda y el Fondo de Adaptación, que ha entregado 274 casas para los reubicados del Jarillón del Río Cali.

 

Dichas reubicaciones corresponden a vivienda de interés prioritario-VIP, y dieron inicio con los proyectos de Potrero Grande Lotes 8 y 10, Llano verde y Río Cauca, los cuales han generado incertidumbre entre los pobladores por la falta de condiciones de hábitat, acceso al trabajo, movilidad e inclusión social. El total de la relocalizaciones asciende a la fecha a 1068 familias, 684 en Llano Verde, 264 en Potrero grande y 120 en Rio Cauca, es decir, el Programa está en un 14% de ejecución.

Al traslado se han opuesto cerca de 700 familias asentadas en el dique del Río Cauca en un tramo de kilómetro y medio frente a los barrios Petecuy  y Calimio Norte, primero por los antecedentes que se tienen de exclusión en los anteriores complejos asignados, y segundo porque no garantiza las prácticas de relacionamiento y economía solidaria que mantienen en sus lugares de asentamiento, de hecho el Ministerio de Hacienda ha declarado que no piensa indemnizar o retribuir los negocios que se pierdan por el cambio de morada.

 

Hasta aquí se desprenden preguntas, ¿Cuál es el diagnóstico integral de la municipalidad para adelantar el Plan de fortalecimiento del dique, incluyendo las medidas sociales? ¿Qué derechos sociales, económicos y culturales tiene estas comunidades asentadas en algunos casos desde hace cuarenta años?, ¿Qué tan integral es el Plan Jarillón del Rio Cauca -PJAOC?, ¿Cuál es su componente técnico social y cómo ha operado?, ¿Cuáles son las bases censales y los inventarios levantados en esta población y qué tan concertados se han hecho?, ¿Cómo se planean y operan las intervenciones interinstitucionales tan anunciadas?, ¿Por qué se termina en choques y enfrentamientos entre grupos policiales y familias humildes que ven caer sus casas sin tener una alternativa?

 

La situación social de las comunidades que habitan El Jarillón

 

Uno de los eslabones que complejizan el abordaje de la problemática del dique del río Cauca está sin duda relacionado con las familias que lo habitan, de las cuales se estima son un promedio de 8.000 que se fueron asentando en la zona producto de diferentes aluviones migratorios generados por fenómenos naturales que provocaron desastres o arremetidas de la violencia, de allí que en la zona se encuentren familias que llegaron a Cali hace más de cuarenta años, provenientes principalmente del Pacífico colombiano (Choco, Nariño y Cauca).

Grupos familiares que fueron construyendo sus proyectos de vida sobre esta franja de la ciudad, al no contar con otras opciones laborales, habitacionales, etcétera, de hecho son evidentes en la zona edificaciones y negocios de los habitantes que dan cuenta de una larga estadía, con proyectos productivos (lagos de pesca, cocheras, galpones, huertas, cultivos de tabaco, fábricas de tejas, reciclaje, producción de alimentos, colchones, entre otros), viviendas con infraestructura de servicios públicos que pagan impuesto predial y algunos barrios con Juntas de Acción Comunal como Samanes del Cauca, Brisas del Cauca y el único Consejo Comunitario afrodescendiente: “La Playita”.

 

En ese sentido, se estima que unas mil personas podrían llegar a ser poseedores de mejoras y tener protocolizaciones sobre los terrenos que se encuentran en el dique, sobre todo en las zonas de Puerto Mallarino y Puerto Nuevo, lo cual implica una lectura más cuidadosa de la situación, teniendo en cuenta que el argumento de prevenir la inundación de la ciudad, está acompañado del señalamiento de los pobladores como invasores o como migrantes que buscan prebendas sociales.

De hecho durante diferentes años sus habitantes han tenido que enfrentar, con medidas legales y acciones de hecho, diferentes operativos de desalojo, ya que las alternativas de reubicación de las diferentes Administraciones Municipales han pecado por ser escasas ante la dimensión social y la trayectoria en años que tiene la problemática; las comunidades han expresado diferentes razones para no deshabitar el Jarillón entre ellas están:

 

Los censos, a pesar de tantos años de la problemática, siguen siendo estimativos y no reconocen particularidades importantes, como son los años de permanencia en el lugar, las inversiones realizadas en construcciones y proyectos productivos de los grupos familiares; recurrentemente se desconoce la realidad productiva de estas franjas en las cuales fácilmente se encuentran centenares de empresas formalizadas y miles de personas que devengan sus sustento de labores asociadas al entorno del Jarillón.

Hay escasos espacios para la construcción de alternativas y concertación con la comunidad en los que se reconozcan las raíces de la problemática de habitación sobre el Jarillón, la cual está relacionada con las dinámicas de conflicto armado y desplazamiento, desatenciones sociales de las instituciones, poca claridad y criterios cambiantes frente al uso del suelo (esto relacionado con la instalación y cobros de servicios públicos e impuestos que dan legalidad a la habitación de los terrenos).

 

No se observan garantías para las familias a ser reubicadas, en cuanto a lugares de habitación y opciones económicas para la sobrevivencia, frente al primer aspecto la comunidad ve con desconfianza proyectos de viviendas administrados por reconocidas empresas que se usufructúan del negocio de venta inmobiliaria, lo cual hace que la atención social necesaria en estos casos se pierda; frente al otro particular, la población no avizora oportunidades para continuar con sus proyectos productivos en las nuevas opciones de vivienda. 

Finalmente, planes de reubicación que no contemplan la totalidad de las familias que serían desalojadas, demoras en la asignación de las casas, la oferta es de propiedad horizontal sin posibilidad de desarrollo urbanístico para los hogares y pocas garantías para la subsistencia con subsidios que se ofrecen para pagar arrendamientos, desconociendo la inestabilidad económica a las que son sometidos los grupos familiares luego de ser desalojadas de viviendas en las que han habitado por varias décadas.
  
Elementos que se deben tener en cuenta para buscar salidas

 

Para encontrar soluciones se requiere salir del camino de los desalojos sin concertación, con los cuales se siembra violencia y desarraigo en las comunidades. Se debe reconocer que un Plan Social no se agota en el reconocimiento de una vivienda a un grupo de propietarios, además, se deben involucrar aspectos más integrales de inclusión social y de compensación frente a las actividades productivas que se están afectando desde el punto de vista de los derechos de las personas y familias que habitan el Jarillón. Por ende, es necesario que la Administración Municipal reconozca que los habitantes del Jarillón Río Cauca tienen características diversas, derivadas de la historia de su poblamiento y conformación como grupo, y, por tanto, las alternativas de solución no pueden ser estandarizadas de manera sencilla y mecánica, seguramente se requeriría por lo menos de unas tipologías diferenciales de forma tal que puedan dialogar con las realidades existentes.

Se requiere que la Administración Municipal tome una decisión más incluyente para la formulación, adopción e implementación de una política pública de Reasentamientos de Poblaciones en el marco de la Gestión de Riesgo de Desastres y, se replantee el abordaje de la intervención en el dique ligado a reubicaciones desplanificadas y a la fuerza; es decir, llevar personas de un lado a otro sin tener en cuenta las implicaciones e impactos negativos y/o positivos para las familias sujetas de dicha acción en primera instancia, para las vecindades donde los trasladan, para las vecindades de donde salen y en general para la ciudad.

 

Se requiere entonces de  una propuesta integral que involucre la participación de los afectados en el diseño de un proceso de reasentamiento en nuevos espacios que impliquen vivienda, trabajo, construcción de tejido e inclusión social; ese instrumento no se ha generado a la fecha, por esa razón no están claras las agendas y las acciones que se desarrollan se perciben desarticuladas. Es necesario que la municipalidad presente un programa integral y desarrolle un mecanismo claro de concertación con las comunidades.

Es prioritario que las comunidades encuentren caminos de comunicación, organización y cualificación, pues los liderazgos dispersos generan gran dificultad para la construcción de una comunicación fluida conducente a alternativas concretas en las cuales se reconozcan derechos y se materialice justicia social.

 

Sin duda, las acciones de hecho y los pleitos legales a los que hemos llegado no son el mejor destino para este asunto colectivo, se requiere un liderazgo previsivo, planeado, en todos los sectores para lograr generar una verdadera alternativa.


[1] Es importante recordar que la CVC en su proyecto 2B Distrito de Riego de Aguablanca, comprendía también el dique sobre la margen izquierda del Río Cauca, además se trabajó sobre sistemas de drenaje como son la canalización del Río Cañaveralejo, el Canal Interceptor Sur que recoge las aguas d los ríos Lili y Meléndez, El Canal Oriental y la adecuación de las Lagunas de Charco Azul y El Pondaje. Es decir un anillo de protección.
[2] Habilitó grandes áreas de haciendas improductivas que van desde lo que hoy es la autopista suroriental y hasta el río cauca
[3] Estas familias fueron indemnizadas por EMCALI, es decir les pago por las mejoras que tenían en esa parte



Jesús Darío González Bolaños
Coordinador Observatorio de Realidades Sociales Arquidiócesis de Cali
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