COMO SIN DIOS NI LEY

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REGIONAL. SIN DIOS NI LEY
La ausencia o la inoperancia de instituciones del Estado en los territorios, la proliferación de grupos armados ilegales y del narcotráfico que atemorizan a comunidades y a personas que trabajan por los derechos humanos, el alto nivel de impunidad en torno a los autores intelectuales de amenazas y homicidios, además de ciertas expresiones y silencios que con solapado asentimiento justifican y legitiman las violencias, son realidades que se presentan alrededor de los más de 330 casos de asesinatos de lideresas, líderes y defensores de derechos humanos en nuestro país, desde la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc hasta nuestros días.
 
A lo anterior se suma que de todos los departamentos del territorio colombiano, los que encabezan la lista con el mayor número de asesinatos sean Cauca, Antioquía, Valle, Nariño y Chocó, lo que nos lleva a concluir el nivel de afectación y de abandono que en esta materia sufre de particular manera el Pacífico colombiano.
 
Cierto es que en la actualidad nos seguimos encontrando en deuda de dimensionar la gravedad de las pérdidas, sobre todo porque como país existen quienes aún desconocen la contribución de una lideresa, un líder o un defensor de derechos humanos, y lo que ellos representan para comunidades muchas veces abandonadas a su propia suerte.

 

Este desconocimiento se manifiesta de modo particular como cuando parece que solo bastara el descrédito de un comentario lanzado en redes sociales, poniendo en relación al líder asesinado con grupos ilegales, para dar por entendido de que su muerte era justificada; de que la víctima, sí o sí, merecía morir.

 

En medio del drama de la muerte y de esa macabra tendencia a justificar el daño, hay personas que dan por genuinos los comentarios sin pruebas ni argumentos. Cosa que es más grave cuando la ficción proviene de fuentes oficiales o de personalidades de la política nacional y regional, quienes han llegado a declarar que la causa de los asesinatos es debido a “líos de faldas” o a retaliaciones entre los mismos grupos armados ilegales.

 

En medio de este escenario de desinformación, engaños e impunidad, como “sin Dios ni ley”, surge el imperativo de desenmascarar una relativización de la vida humana que busca impedir, como medio de manipulación, la unidad de una sociedad resquebrajada históricamente por los golpes de la violencia.

 

Para contrarrestar este relativismo se hace necesario multiplicar acciones simbólicas como la denominada “velatón”, expresión ciudadana acontecida el pasado 6 de julio en las horas de la noche en distintas ciudades del país y por fuera de este, en la que se hacía un fuerte llamado a parar las muertes de líderes sociales, para poner en el centro de las reflexiones el valor de la vida y su correlativo precepto del “no-matar”, precisamente porque nos urge dejar claridad de que todo lo contrario a este precepto, además de las autorías materiales e intelectuales, tiene que ver con lo que se piensa o se dice en contra de la vida, y lo que se deja de hacer o de decir en favor de la misma.

 

Así las cosas, como pueblo colombiano, para avanzar a una paz completa, no solo estamos llamados a cuidar la vida, sino también a velar para que esta sea cuidada en integridad y verdad.

 

Ahora bien, independiente de la cadena de mentiras que se genera alrededor de situaciones de esta índole, debemos decir que el asesinato de líderes sociales es una realidad palpable, innegable, que la experimentan con particular dramatismo las familias y comunidades que sufren la pérdida del hijo, la hija, el esposo, la esposa, el padre, la madre, el vecino o la vecina.
De ahí que este drama merezca, más que la costumbre de atrincherarnos en las barras bravas de la política partidista, la capacidad de trascender las fronteras ideológicas para poner en el centro la dignidad de la vida, porque antes que militantes de izquierda o de derecha, estamos hablando de personas humanas.

 

Por consiguiente, nuestras expresiones simbólicas y de manifestación popular deben avanzar en la negativa radical a que este tipo de situaciones sigan como sin Dios ni ley; que se asesine sin ninguna consecuencia y que se acalle la voz de personas que se esfuerzan para que sus comunidades obtengan mayores y mejores posibilidades de inclusión social y desarrollo.

 

Es necesario entonces rodear a quienes han luchado por la defensa de los derechos y los territorios, incidir para que desde la institucionalidad se tomen medidas eficaces de prevención y de oportuna protección, y para que se ponga en marcha un sistema de investigación y justicia que permita acceder a la verdad y dé garantías para frenar el proyecto de muerte que se establece sobre la vida de los liderazgos.

 

De este cuidado y centralidad de la vida humana dependerá en gran medida que la paz en nuestro país sea completa. 


Observatorio de Realidades Sociales

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