CONFLICTOS Y DESAFÍOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

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INDIGENAS
Las comunidades indígenas ubicadas en la geografía urbana y rural de nuestra Arquidiócesis de Cali narran una historia de desarraigo, movilización social y resistencia pacífica, en medio de luchas por la sobrevivencia y de violencias ajenas desatadas en sus territorios ancestrales, en el marco de una ausencia estatal que por décadas se ha caracterizado en el Pacífico colombiano. De ahí que encontremos unas comunidades en búsqueda de nuevas oportunidades o desplazada por el terror implantado por grupos armados –legales e ilegales- en sus disputas por el control de los territorios y del narcotráfico.

Los cabildos que hacen presencia en Cali y los municipios aledaños son los Inga, Yanacona, Quechua, Misak, Nasa, Kofan, Cxha Cxha y Wounaan Nonam (El Tiempo, 2018; Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). En la capital del Valle del Cauca las comunidades se ordenan de la siguiente manera: los Misak se concentran principalmente en las comunas 1, 3, 18 y 20; los Quechuas en la comuna 3, centro de la ciudad; los Nasa en la comuna 1, Alto Nápoles y Bajo Pance; los Yanaconas en la comuna 1; los Kofan y parte de los Misak se encuentran asentados en la zona rural de La Felicia, La Elvira y El Saladito (El Tiempo, 2014). Para 2016 se contabilizaban en Cali alrededor de 8.000 indígenas, de los cuales gran parte de ellos eran natales de la ciudad (El Tiempo, 2017); hoy el número de indígenas reportado por las mismas comunidades está entre 11.000 y 12.000 que se autorreconocen como tal. El cabildo con más presencia en el territorio de la Arquidiócesis es el Nasa. Solo en Cali, esta comunidad representaba para 2010 el 50,5 %, en comparación con los Yanaconas que representaban el 32,4 % y con los Inga con el 6,4 % (Anacona, Cardona y Tunubala, 2010).

Los datos de los municipios aledaños nos hablan de 647 indígenas en Dagua, 638 en Jamundí, 263 en Yumbo y 41 en La Cumbre (Datos Abiertos, 2017). Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos datos muchas veces no corresponden con los recogidos por la población indígena, para la cual el número tiende a ser mayor. A la anterior dificultad para la contabilización se suman las problemáticas conexas al autorreconocimiento y a la pérdida paulatina de la identidad de muchos miembros de estas comunidades, por el gran influjo que en ellos ha tenido el pensamiento occidental. Para la muestra, vale decir que el 88 % de los miembros de estas comunidades ya no hablan, entienden, leen ni escriben en su lengua ancestral (El Tiempo, 2017).

Según otros datos, el 57.8 % de estas familias manifiesta vivir en arriendo y solo el 26 % dice tener su vivienda paga en su totalidad (Anacona, Cardona y Tunubala, 2010). Su situación de vulnerabilidad es tal que en la actualidad se estima que el 61 % de los indígenas recibe menos de 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el 31 % recibe 1 SMMLV; el 4 % no recibe remuneración y solo el 3 % de la población indígena en Cali recibe más de 1 SMMLV (Anacona, Cardona y Tunubala, 2010). Se debe tener en cuenta que, según datos del Banco Mundial, la población indígena tiene mayores probabilidades de encontrarse en situación de pobreza y pobreza extrema (PNUD, 2018). A lo anterior se suma la malnutrición de niños y la alta tasa de mortalidad materna (que en Colombia es cinco veces mayor en mujeres indígenas), lo cual está íntimamente relacionado a la pobreza en la que viven estas comunidades (PNUD, 2018). 

A pesar de su buen nivel organizativo, los cabildos indígenas tienen frente a ellos importantes desafíos, entre los que se hallan el reconocimiento a nivel nacional de los derechos ancestrales, a pesar de no encontrarse en sus territorios originarios; la educación formal con un enfoque étnico (etnoeducación), pues la mayoría de los indígenas solo logra avanzar hasta la primaria o el bachillerato, siendo pocos los que pueden acceder a educación superior y aportar con sus conocimientos al fortalecimiento de la identidad de sus comunidades (PNUD, 2018); el acceso a  la vivienda, en un momento en que estas etnias son vistas y tratadas como invasoras por parte de la institucionalidad local. Por último, vale destacar el desafío que tienen las comunidades en relación con la consulta previa, que en la actualidad busca ser reversada pasando por encima del derecho ya adquirido.

De acuerdo a lo descrito sobre el territorio arquidiocesano, será importante mirar esta realidad y visibilizar sus necesidades históricas, que además cuentan con los agravantes de unas violencias enquistadas y de derechos vulnerados y manifiestos en el irrespeto a los territorios ancestrales, en la afectación de la Casa Común y en la estigmatización de la población en razón de las dinámicas ilegales en la región. En lo que atañe a los indígenas y a las otras etnias del Pacífico colombiano, será fundamental pensar en clave de presencia institucional en tanto gestión social del Estado, superando la idea de militarización del territorio y siendo garantes de la justicia especial indígena y de sus expresiones organizativas.

 

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