CÚCUTA Y LAS EMPANADAS

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CUCUTA Y LAS EMPANADAS

“Aquí sabemos comer empanadas con harto ají”, esa es una de las afirmaciones que se hacen por estos días por cuenta de los ya conocidos y costosos comparendos con que la Policía Nacional, amparada en el nuevo código, imparte a los ciudadanos que venden o compran alimentos en el espacio público. 

La frase esconde un juego de palabras, que en otra situación podría entenderse de manera literal, remitiéndonos a la crocante masa con picante. Con todo, ante una realidad como la actual, en la que a través de redes sociales ya se conocen fallas en los procedimientos, dicha frase nos estaría hablando de una presunta dinámica de corrupción en la que se ven implicados algunos funcionarios.  

En las calles, por ejemplo, se dice que lo nuevo está en que las extorsiones de antes a los vendedores ahora pasaron a legalizarse mediante los formatos de comparendo, siendo ese ají el pago que se le entrega a algunos funcionarios encargados del negocio, tal como se evidenció en el caso de extorsión por el cual está sindicado un grupo de policías.  

Ahora bien, sin restarle importancia a la gravedad que implica ver funcionarios del Estado comprometidos en este delito, hay que decir que estos no son los únicos, pues a los vendedores también les toca sobrevivir pagándoles a los gota a gota, quienes llegan cada día, en motos y acompañados, a llevarse casi el 70 % de lo producido en un día de trabajo; y ni qué decir de quienes casi que han “escriturado” su andén y le cobran alquiler a todo el que necesita rebuscarse.

El fenómeno parece tener matices muy parecidos en las principales ciudades, más cuando sabemos, según los datos oficiales del DANE 2019, que el 48,2 % de los pobladores de este país viven de la informalidad. Lo cierto es que esto ha tendido a naturalizarse debido a las difíciles y complejas realidades económicas, al punto que en la actualidad muchas de las labores que antes eran informales, ahora  son consideradas formales en las estadísticas de producción.

En Cali, por ejemplo, ya es normal, además de  contradictorio, que se vendan artículos piratas frente a la DIAN, y que en las esquinas se vean funcionarios con uniforme comprando este tipo de productos. Hasta ese punto se entiende la historia, pues la comunidad sigue manteniendo un vínculo con los vendedores, pese a que a estos se les restrinja el uso del espacio.

Lo que ahora escandaliza es que con la aplicación de una nueva norma se le quiera sacar provecho a la necesidad del trabajo callejero y que, por ahí derecho, se desdibuje el lugar misional de la Policía. Hay que ver a los uniformados que les ha tocado aguantarse las ganas de comer empanada con ají.

Nota: en medio de tanta situación en la que terminamos acostumbrados a vivir en la informalidad, y que en ocasiones llegamos incluso a convivir más con la ilegalidad, esperamos que ni la policía ni los periodistas de la ciudad de Cúcuta se acostumbren a los encapuchados ni a las bombas incendiarias, pues ya llevan más de cuatro días conviviendo con ellos en el puente Santander y no se ve ningún tipo de reproche, sanción, capturas o investigaciones que regulen la alteración del orden público.

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