EL ONCEAVO MANDAMIENTO

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La consulta anticorrupción deberá llevar a las urnas, el próximo 26 de agosto, a más de 12 millones de electores para que pueda ser aprobada, pero después de votar, ¿Cuál será el papel de la ciudadanía para ponerle freno a la corrupción?

No hay rincón del país que no haya caído en las garras de la corrupción, ese cáncer que cada año se roba no solo 50 billones de pesos, sino que se roba la vida de los niños en la Guajira cuando les quitan los alimentos, la vida de los pacientes a quienes las mafias de la salud les quitan el dinero su atención, esa corrupción que le quitó con Agro Ingreso Seguro oportunidades a los campesinos, esa que le ha robado el sueño de vivienda a las víctimas del conflicto. Ese comportamiento vergonzoso de quienes, sin pudor alguno, han sido capaces de meter la mano en los bolsillos donde se guardan los dineros destinados para superar la guerra.

Ante esa realidad, los ciudadanos y ciudadanas no pueden seguir siendo espectadores, pues su escasa participación en procesos de veeduría y control social a los recursos públicos es la puerta abierta por la que entran y salen los corruptos con el pan en la mano que le arrebatan de la boca a los colombianos.

No basta con salir a votar en la consulta si después de ese ejercicio se regresa a la pasividad. La sociedad debe superar esa apatía para no dar papaya, como lo considera el onceavo mandamiento, según el dicho popular en la cultura del país. No dar papaya significa que es necesario estar vigilantes y exigir las cuentas claras a quienes conducen el país, pero ante todo la ciudadanía tiene el enorme reto de hacer lo que corresponde: cerrarle las puertas a los ladrones que se llenan los bolsillos con la plata de todos.

Si los colombianos logran vigilar con lupa el proceder de quienes gobiernan, eso permitirá prevenir hechos de corrupción. La participación ciudadana, en pleno ejercicio de su poder, ese que la Constitución del 91 le da a través de mecanismos de control como los derechos de petición, denuncias, veedurías, rendición de cuentas, audiencias públicas, puede hacer posible que los corruptos no sigan operando bajo el amparo de la impunidad con la que hasta el momento han actuado.

Preocuparse por la corrupción no es asunto menor,pues el arraigo de esta condena a más de 13 millones de colombianos a seguir viviendo en la pobreza, en la miseria, en la desesperanza, lo que se traduce en un serio riesgo para la democracia, que, al no tener éxito en la lucha contra ese nefasto fenómeno, afecta la credibilidad de las instituciones.

Superado el conflicto armado con las Farc, y ahora que las luces apuntan a otros lados oscuros de Colombia es posible ver otras realidades, otros males que siempre han estado presentes y le hacen mucho daño al país, tanto así que los colombianos consideran que la corrupción es el principal problema que se tiene hoy, percepción que coincide con el informe de 2017 de la ONG Transparencia Internacional, el cual califica a Colombia como un país en el que el sector público tiene graves problemas de corrupción, lo que la ubica en el puesto 96 de los 180 países evaluados, lo que le da una calificación de 37 puntos de 100.

La consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto será una buena oportunidad para generar un movimiento ciudadano empoderado que ponga freno a uno de los peores males del país, un movimiento con el que la institucionalidad se comprometa facilitándole los procesos que permitan a la ciudadanía hacer control para atacar de raíz ese cáncer llamado corrupción.

Nuevamente las urnas se abren, esta vez para no seguir dando papaya y marcando con un Sí o NO a siete preguntas se podrá, con el apoyo de la ciudadanía: 1. Reducir los salarios de congresistas y altos cargos en el Estado 2. Enviar a la cárcel a corruptos e impedirles contratar con el Estado 3. Generar mecanismos para contratación transparente 4. Dar participación a la ciudadanía para decidir sobre ejecución de dineros públicos 5. Hacer que los congresistas rindan cada año cuentas sobre su labor 6. Obligar a declarar sus bienes a quienes hayan sido elegidos mediante voto 7. Limitar a no más de tres periodos participación en el Congreso, Asamblea, Concejo o Juntas Administradoras Locales.

 

  

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