LA LLEGADA DEL BLOQUE CALIMA ENTRE OMISIONES, COMPLICIDADES E INDIFERENCIA

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El 31 de Julio de 1999 está documentada la que se considera la primera incursión paramilitar del llamado “Bloque Calima” de las Autodefensa Unidas de Colombia-AUC en territorio del Valle del Cauca.

Los primeros hechos violentos perpetrados por ese grupo tuvieron lugar un día sábado en la concurrida plaza central del corregimiento de “La Moralia” de Tuluá. Para la primera semana de agosto los muertos ya eran más de dos docenas de hombres y mujeres del centro del Valle, la mayoría agricultores de la zona, luego de lo cual se dio inicio a un sistemático plan de homicidios, masacres, amenazas y desplazamiento forzado de personas, que terminó cubriendo de dolor y sangre buena parte de la geografía del departamento.

Las consecuencias de ese periodo trágico, que inició en 1999 y concluyó en 2004 con la desmovilización de esta estructura de las AUC, son enormes en términos de daño individual y colectivo, afectaciones psicológicas, comunitarias, sociales y materiales. Ocurrieron, según datos oficiales: 119 masacres, 6.918 homicidios y 3.400 eventos de desplazamiento forzado (individual y colectivo).

Es cierto que las afectaciones producto del accionar violento de grupos alzados en armas como las FARC (en su momento) y el ELN también le han dejado al Valle del Cauca un largo y cruento legado de tragedia y dolor, incluidos los llamados “secuestros masivos”, entre otras muchas acciones condenables. Pero no es menos cierto que la presencia paramilitar, invocada supuestamente para contrarrestar (ilegal y violentamente) a la guerrilla, no fue nunca la “solución”.

Desalienta constatar que en su momento, cuando las AUC hicieron público su arribo al departamento, de parte de las autoridades y élites regionales existiera tanto silencio, omisiones y acciones incoherentes de respuesta para combatir a ese grupo y proteger a la población civil en riesgo. Y para nadie es ya un secreto que en ciertos niveles de la sociedad se celebró (cuando no apoyó) la llegada violenta de este grupo.

¿Cómo fue posible y por qué razón autoridades de gobierno reaccionaron tardíamente? Contra toda evidencia, ¿cómo fue posible que autoridades militares dijeran que los paramilitares eran los mismos miembros de la guerrilla “disfrazados” para distraer y confundir a la fuerza pública? ¿Por qué no se hizo caso, en su momento, de las alertas y los llamados angustiosos de líderes de las comunidades y entidades de protección y organizaciones de los Derechos Humanos y de la misma Iglesia?

Alrededor de esta dinámica de violencia hay un deber del Estado y la sociedad para que surja la verdad. El reciente informe publicado por el CNMH sobre el llamado “Bloque Calima” aporta en gran medida el conocimiento de las circunstancias de su llegada, sus patrocinadores y financiadores, sus alianzas políticas y también sus vínculos con miembros de la Fuerza Pública. Pero muchas víctimas y comunidades aún esperan total claridad sobre estos hechos y que cada quien, de cara a ellas y la sociedad, asuman las responsabilidades que les competan.

A este propósito se requiere de una gran voluntad individual y colectiva para que quienes están en lugares institucionales, de Gobierno y Fuerzas Armadas, empresarios, agencias no gubernamentales, líderes políticos y comunidades, con sus aportes y testimonios, participen de un proceso de esclarecimiento de la verdad y memoria histórica que al final nos lleve a una “rectificación colectiva”.

Saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasaron estos hechos es algo crucial para una sociedad que aspire a ganar la paz y avanzar hacia la reconciliación y, en este contexto, es decisivo poder avanzar en develar todo lo que significó la presencia “paramilitar” en el Valle del Cauca al tiempo que se honra a las víctimas, se restituyen sus derechos y se garantiza la no-repetición de los hechos.

Diego Arias

Especial para El Observatorio de Realidades Sociales

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