NO NOS LAVEMOS MÁS LAS MANOS

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LAVA-MANOS

El antecedente histórico y de fe que se rememora cada Semana Santa, cuando Poncio Pilatos, para lavarse las manos, pregunta al pueblo a quién debería liberar, si a Jesús o a Barrabas, nos pone frente a preguntas actuales como son la militarización de ciudades, el porte de armas por parte de civiles o la prohibición genérica del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público.

En nuestro contexto, Poncio Pilatos nos pone a tambalear entre potenciar las capacidades que los vecindarios tienen para transformar realidades locales o en traer agentes externos que uniformados vigilen, regulen y opriman las relaciones sociales; entre elegir el amar la vida ciudadana o el armarla para prolongar su desangre; entre elegir la ocupación de los espacios públicos con las familias o con una ineficaz burocracia policiva que persigue al enfermo sin atender la enfermedad.

En ese sentido, se hace importante llamar la atención sobre los siguientes riesgos:

Militarizar las ciudades no resuelve los problemas de seguridad adjudicados a la delincuencia común, pero sí expone a la ciudadanía y a los soldados a quedar envueltos en violaciones a los derechos humanos. La delincuencia común actúa en pequeños grupos que les permite moverse entre barrios con facilidad, además de mimetizarse manteniendo negocios con total legalidad y prestigio. En consecuencia, cuando se militariza una zona, la dinámica delincuencial se traslada a otro sector o funciona con total discreción, haciéndose invisibles a los ojos de los soldados. De otro lado, la presencia de hombres con armas de alto alcance y sin la suficiente experticia en entornos urbanos, les hace proclives a cometer errores operativos en situaciones de conflicto, redundando en muertes de personas inocentes o asesinatos extrajudiciales.

Permitir o flexibilizar el uso de armas a civiles desdibuja el lugar ciudadano, dándole lugar a la justicia por mano propia y aumentando los riesgos de muerte por arma de fuego. El monopolio de las armas en manos del Estado le obliga a proteger la vida y a garantizar la defensa de los derechos humanos; delegar su uso a civiles desdibuja los mecanismos de protección y las leyes que operan como garantes de derechos, de allí que pongan en riesgo tanto a quienes portan el arma como a quienes viven a su alrededor. Además, estas medidas abren el mercado a grandes negocios que se lucran de la producción y venta de armas y, por ende, de las sociedades enfermas que optan por el asesinato como medida de seguridad y control.

Prohibir de manera genérica el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, distrae la estratégica tarea policial de lucha contra el crimen organizado y es usada para promover un referendo constitucional. Pero además, es un escándalo vacío aprovechado políticamente para generar duda en la Corte Constitucional y la rama judicial como poder garante de la democracia; la Corte es cuestionada por llamar la atención sobre una redundancia y generalización en la normatividad del Código de Policía, toda vez que lo declarado inconstitucional no era necesario, puesto que existen otras normas que la autoridad policial puede usar para garantizar el bien público y proteger a las infancias de riesgos que se puedan presentar en el uso del espacio público.[1]

Lo anterior da lugar a decir que se hace urgente y necesario que las ciudadanías asuman un lugar conscientemente protagónico en la vida pública y social, ante el clamor de ciudades seguras y en paz, y ante medidas que solo aportan al fortaleciendo de las dinámicas criminales que operan con gran facilidad, al ser intervenidas solo en el último eslabón de la cadena (consumidores o compradores).

Se requiere pues avocar por civilizar la vida en las ciudades, empoderando a vecinos y vecinas que se asumen recuperadores de parques y espacios públicos para la vida en familia; se requiere desarmar, de palabra y de mano a la ciudadanía, poniendo en el centro lo sagrado de la vida para que todos seamos cuidadores de la misma; se hace urgente que el Estado, autoridades policiales y militares, se ocupen de contrarrestar los grandes negocios de narcotráfico y de armas establecidos en las principales ciudades, para afectar con inteligencia y estrategia a las cabezas de estas economías fundadas en la muerte y la corrupción; se hace necesario evitar caer en las trampas del mal llamado “estado de opinión” que se oculta en la defensa de la familia mientras pone en riesgo la democracia.

No nos lavemos más las manos y, en cambio, asumamos el compromiso que da llamarnos ciudadanos.


[1]Las reglas acusadas declaradas inexequibles no eran necesarias, puesto que existen otros medios que se pueden usar. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños y las niñas, que, por ser sujetos de especial protección constitucional, cuentan con normas precisas y específicas que los protegen. (Ver artículos del 34 a 39 del Código Nacional de Policía y Convivencia)3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 84 de la presente ley. || 4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley. || 5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.

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