PERMANENTES AMENAZAS CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS LOS MANTIENE EN ZOZOBRA

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LIDERES Y LIDERESAS AMENAZAS

“Te vamos a matar”, “te vas a morir”, eso le dijeron a través de su celular a la lideresa y defensora de derechos humanos Magaly Pino Ordóñez, minutos después de salir de un evento organizado para los días 8, 9 y 10 de agosto por la Secretaría de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle en el Hotel Granada Real, en el que se daba a conocer y se denunciaban los casos de amenazas a líderes sociales, y que culminaba con una audiencia a fin de documentar todos los casos ante los entes de control.

El último día del evento, justo cuando salió de la mencionada audiencia en la que denunció vehementemente ante las autoridades presentes la grave situación por la que atraviesan los líderes y defensores de derechos humanos, Magaly, quien pasa ya sus 50 años, sintió que la muerte la rondaba. En ese momento no fue suficiente su valentía ni la forma como ha enfrentado la vida; no, fue un momento donde sintió que se acababan los proyectos que le daban sentido a la existencia; dos llamadas a su celular le anunciaban que su vida corría peligro.

Magaly hace parte de esa larga lista de amenazados que hay hoy en Cali (por no mencionar al suroccidente colombiano) y que para el Establecimiento constituyen un peligro, aunque a todas luces sea un contrasentido, pues se trata de luchadores y luchadoras que le aportan a la sociedad y a la construcción de democracia. Pero para el Estado suponen un problema toda vez que ellos son los que denuncian las violaciones permanentes a los derechos fundamentales de sus gentes; los que defienden los territorios, el agua, la vida, la naturaleza.

Esta mujer, menuda, espontánea, rebelde desde pequeña, es oriunda del municipio de Dagua, ubicado en la vía Cali-Buenaventura; allí estudió su primaria y bachillerato destacándose como líder estudiantil, defensora de la justicia y “díscola” para su familia. Ella dice: “[…] Hice parte del consejo estudiantil, llegando a ser su presidenta y, por supuesto, incursioné en el teatro y la poesía, ganando en ocasiones algunos premios, como era requisito en ese tiempo […]”.

Al igual que los líderes y lideresas de Cali, Magaly plantea que “[…] Las alegrías y tristezas, como a todo ser humano, también han tocado a mi puerta; la pérdida de compañeros, esos que se convierten en tu familia, esos que con el paso del tiempo te dicen que ha valido la pena tanta lucha […]”.

Y es que la ciudad de Cali está “invadida” de panfletos de diferentes organizaciones criminales (llámense “Águilas Negras”, “Gaitanistas”, etc.) en los que se amenaza de forma brutal a líderes y lideresas, sindicalistas, sacerdotes, animalistas, ambientalistas, LGTBI, afrocolombianos y hasta a senadores (como es el caso de Alexander López, quien fue objeto de un atentado hace poco más de dos meses), conminándolos a abandonar la ciudad o a dejar sus actividades como defensores de derechos humanos. Dichas amenazas hacen parte de lo que el Estado ha negado: la sistematicidad de su accionar, que en cabeza de representantes como el Ministro de Defensa del Gobierno anterior, se ha tratado de trivializar llegando al irrespeto de manifestar que esto hace parte de “líos de faldas”, entre otros.

Ante semejante exabrupto, cómo extrañar entonces que un funcionario de la fiscalía, violando sus deberes como empleado de la rama judicial, banalice la situación de los amenazados al responder por ejemplo: “Si usted sabe que eso es peligroso, ¿por qué insiste en esa actividad?” o ¿Por qué no le dice a tal persona (que tiene esquema de seguridad) que le ayude?”. De ahí que surja la pregunta: ¿Dónde queda el embeleco de lo denominado Estado Social de Derecho? ¿Para qué entonces las leyes y tratados que dicen proteger a todos los seres humanos sin distingo de ninguna naturaleza? ¡Ah, es que una cosa es la realidad formal (la de las normas y leyes) y otra es la “realidad real”!

Magaly, una mujer que lucha por la paz y la convivencia, realiza acompañamiento a organizaciones campesinas de Dagua, Yumbo y La Cumbre en calidad de integrante de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario (CNA); es además integrante del Congreso de los Pueblos y, en su representación, hace parte del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Dagua y de la mesa de impulso de Tejido Social por la Paz.

Entonces debemos preguntarnos: ¿en Colombia es un delito ser líder social? Aunque el Establecimiento lo niega, en la práctica sí se ha convertido en delito aunque no se haya tipificado como tal. Esto lo demuestra la realidad de los territorios donde el Estado, de manera represiva y con uso desmedido de la fuerza, arremete contra cualquier expresión de manifestación y organización de comunidades y líderes. 

Este contexto de amenazas y terrorismo de Estado que vive Cali hace parte de la política de exterminio que se viene dando a nivel nacional y que ha cobrado la vida de 282 líderes en los dos últimos años, según la Defensoría del Pueblo. Ésta situación no está aislada de la política de terror que pretende mantener eternamente el status quo de una clase dirigente que cada día es más ilegítima y que a toda costa pretende implementar un modelo económico que arrasa con comunidades y violenta la naturaleza; de igual manera, es una política que pretende destruir el tejido social y comunitario, atajar la participación de diversos sectores en espacios de toma de decisiones e impedir que nuevas expresiones de la sociedad construyan verdadera democracia.

En el estado actual de las cosas, en medio de la intranquilidad, Magaly y todos los amenazados continúan su lucha por la defensa del territorio, la vida y la cultura.

Silvia María Salazar Giraldo
Fundación Intercultural Barule

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