TENDER LA MANO, UNIR HERMANOS

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Venezolanos en Cali Colombia

                                                                                                       Fotografía: María Jaramillo Muñoz

La migración de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano es uno de los problemas del país que reviste mayor importancia en lo que va de este 2018, no solo por el gran número de inmigrantes, sino también por los inconvenientes en materia económica, y por los vacíos logísticos y de infraestructura para la acogida, teniendo en cuenta la inexperiencia de Colombia con fenómenos de semejante magnitud.

 

Debemos además tener presente que esto sucede en un tiempo en que las relaciones entre Venezuela y Colombia se han visto profundamente deterioradas. En este sentido, el fantasma de la intervención militar estadounidense ha generado toda suerte de especulaciones, resultando de ello el distanciamiento diplomático, además de los lenguajes y posturas beligerantes entre funcionarios de cada Estado. En momentos pareciéramos estar a portas de un conflicto entre naciones, como si no tuviéramos suficiente con los propios que cada soberanía padece.  

 

En ese ambiente de hostilidad, que también comprende a los demás países de la región, Venezuela se prepara para unas elecciones caracterizadas por un inconformismo nacional y por un enrarecido ambiente que no permite tener claridad sobre la legitimidad de los próximos comicios. Sobre esto, también se percibe la postura de algunos medios de comunicación que siembran duda de si su información está en favor de la veracidad o si tan solo cumplen un papel auspiciado por la mano invisible de detractores en contra de la ya conocida ideología del Gobierno venezolano.  

 

En medio de toda esta tensión se encuentran innumerables familias que recurren a nuestro territorio en busca de auxilio y de nuevas oportunidades. Según datos oficiales, hasta enero del presente año, alrededor de 550 mil venezolanos han entrado a Colombia en busca de mejores condiciones de sostenimiento o como lugar de paso para acceder a otros países del sur del continente.

 

En lo relativo a Cali, los mismos datos afirman que alrededor de 2.800 migrantes venezolanos se han establecido en la ciudad de manera legal. A estos datos se le suman los que presenta la Gobernación del Valle, que dice que son alrededor de 4.000 ciudadanos (entre legales e ilegales), en contraste con las cifras de la vocería venezolana en Cali que afirma que en la ciudad se encuentran alrededor de 30.000 venezolanos.

 

Lo cierto de estas cifras es que no hay un estimativo claro de cuántos serían los migrantes del vecino país que actualmente se encuentran en Cali. Esto pone de relieve la necesidad de establecer cuántos ciudadanos venezolanos estamos acogiendo en la ciudad y, con ello, la necesidad de poder determinar: cómo están conformados, cuántos niños y niñas hay entre ellos, cuantas mujeres en periodo de gestación y de lactancia, cuantos los adultos mayores, y cuáles las necesidades más urgentes de la población hermana.

 

Todo esto porque es importante empezar a ejercer nuestra solidaridad ciudadana de manera organizada y focalizada en aquellas poblaciones que puedan encontrarse en mayor situación de vulnerabilidad. En este orden de ideas, es urgente movilizar la ciudadanía y las instituciones para unir esfuerzos que se concreticen en “una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar” (Papa Francisco).

 

Ahora bien, es natural que esta situación nos ponga de presente la disyuntiva de atender a una población que llega de fuera, cuando no es suficiente lo que hemos podido hacer con una población que ya tenemos y que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad igual o peor ¿Cómo hacer entonces para que sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos con los nacionales, seamos también capaces de acoger fraternamente a los que llegan a causa del conflicto de su propio país?

 

Sobre esto debemos pensar que Venezuela no es el único país que ha padecido a causa de la violencia o de la gestión de sus gobernantes; Colombia también ha sentido estos rigores y, en su momento, ha contado con el apoyo de muchas naciones. Es de notar que el cálculo de colombianos que migraron al vecino país entre 1990 y 2005 sumó alrededor de 625 mil, convirtiéndose Venezuela en el tercer país del mundo con la mayor población de inmigrantes colombianos (Universidad del Rosario, 2015). Esto también permite resaltar que son múltiples los testimonios de compatriotas que pudieron sacar adelante sus proyectos de vida gracias a la mano extendida de un país hermano como Venezuela.

 

Así las cosas, es importante pensar que a largo plazo, lo que ahora supone una gran dificultad en términos económicos y humanitarios, luego puede convertirse en la oportunidad para un nuevo y renovado impulso, si tenemos en cuenta aquello del Papa Francisco cuando habla de la mirada de fe sobre refugiados y migrantes: “esta mirada sabe descubrir que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen” (2017).   

 

Es interesante observar que si algo nos ha unido como nación es precisamente esos gestos de solidaridad tan característicos a nivel vecinal y comunitario. Tal vez en esa solidaridad encontremos la respuesta a los problemas de polarización y fragmentación que padecemos como país; tal vez Venezuela sea el “amargo” jarabe que, contradictoriamente, nos trae la salud, porque nos une en un solo sentir y nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros mismos. En este sentido, la solidaridad no es un impulso de la mera emotividad asistencialista, sino que se convierte en el razonable movimiento de la voluntad para acoger, proteger, promover e integrar la vida humana y hermana.

 

 

Observatorio de Realidades Sociales

 

Esta ciudad se encuentra enfrentada de manera directa, como la mayoría de poblaciones en Colombia, a las políticas arrasadoras del Estado que, con su concepción de un modelo desarrollista ya fracasado, solo vela por la defensa de los intereses del gran capital.

Desde el año pasado, un sector de la comunidad caleña lleva a cabo un proceso de resistencia para preservar el humedal El Cortijo (ubicado en la vía Cali - Jamundí), con lo cual se aspira a detener las obras de construcción de la terminal del sistema de transporte masivo (MIO) y la pavimentación de 63.300 M2l

Lamentablemente, la destrucción ha comenzado en el cinturón ecológico del río Lili, que es como un hotel de verano para las aves migratorias, además de un laboratorio ecológico para los niños de la ciudad. Y es que Cali se reconoce a nivel mundial, no solo por ser la capital de la salsa, sino por ser la ciudad de las aves. Por eso muchos biólogos y ambientalistas se declaran alarmados por la amenaza de pavimentar un humedal como el Cortijo, donde existen alrededor de 109 especies de aves residentes, que representan aproximadamente el 13 % de las especies registradas en el Valle del Cauca (818 especies).

Además de la rica variedad en aves, en este mismo ecosistema habitan guatines, armadillos, ardillas, chuchas, murciélagos, mariposas y otros insectos. Se afirma también que es posible encontrar conejos, incluso, con avistamiento de zorro cañero; dos especies de peces, culebras y anfibios. Fuera de lo anterior, “[…] Con las obras de la Terminal Sur del Mío, serán cerca de 300 árboles los que se tendrán que talar para levantar la estructura en 3.4 hectáreas […][1]. Sobre esto se debe tener presente que la comunidad afirma que pueden ser muchos más árboles, toda vez que no se hizo un inventario de los mismos.

Pero no sólo se trata del grave daño al ecosistema, también se debe tener presente el aspecto arqueológico, que tampoco se ha tenido en cuenta para la construcción del terminal de transportes del MIO. Al respecto dice una funcionaria que no revela su nombre: “El ICANH es un instituto que debe velar por la conservación de nuestro patrimonio arqueológico; Metrocali no tuvo en cuenta que esta zona es de alto nivel de importancia arqueológica y con el levantamiento por parte del ICANH dejó desprotegida la zona, ya que incluso estos estudios debieron ser previos a los diseños finales de la obra, es decir, no se puede diseñar hasta no estar totalmente seguros que en la zona no hay restos arqueológicos […]; lo que demuestra la poca importancia que le dan a nuestro patrimonio ancestral”.

En cuanto a la resistencia de la comunidad por impedir la desaparición del humedal, y la respuesta de la en cabeza del alcalde Maurice Armitage, la lideresa Luz Stella Lenis afirma:  “[…] hasta la fecha del 18 de junio de 2017 no se conocía por muchos sobre el humedal, solo unas cuantas personas […] El 20 de julio 2017 en horas de la mañana se instala la carpa por la comunidad; las lágrimas surgen al recordar que este es el día de la independencia de nuestro país […] y donde se gesta el grito de libertad de este Valle sagrado y el bosque seco tropical y el humedal. Una libertad merecida por ser patrimonio histórico ambiental, porque fue en este lugar que habitaron los indígenas Lilies y los Piedras, donde lo españoles los masacraron por defender estas tierras […] Entre las personas que han liderado se encuentran Ricardo Rincón, el corazón de la carpa, incansable guerrero, Rocío Ruiz, presidenta de la JAC Valle del Lili, Román Díaz, su vicepresidente, y así, innumerables y valiosas personas que se han comprometido con el proceso […]”.

Después de múltiples reuniones, marchas, plantones, acciones jurídicas, el 24, 25, 26 y 27 de agosto 2017, a las 4:00 a.m., el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fue enviado para agredir y reprimir a la comunidad, utilizando perdigones, gases lacrimógenos y hasta armas de fuego. Durante esos días se llevaron a tres compañeros de manera ilegal, reteniéndolos por varias horas; ante semejante atropello, algunos habitantes se encadenaron a los árboles como símbolo de rechazo al tratamiento represivo por parte de la municipal.

Teniendo en cuenta estos testimonios, y corroborando que los entes de control se colocan al servicio de los intereses del capital, en contravía de los derechos de la naturaleza y de sus gentes, cabe preguntarse: ¿cómo hacer entonces para que una ciudad se desarrolle? ¿En qué consiste el denominado progreso que tanto nos han vendido?

Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes, vale la pena mencionar que la idea de “desarrollo” y “progreso” fue ofrecida por los países hegemónicos a comienzos de la segunda postguerra (mediados del siglo XX), y para ello diseñó todo un discurso sobre conceptos como “desarrollo”, “subdesarrollo”, “Tercer Mundo”, etc. Así las cosas, América Latina entró en una suerte de “carrera” por alcanzar los niveles de lo que los poderosos llaman desarrollo. Sobre esto vale la pena retomar la declaración de Naciones Unidas cuando dice: “Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico” (1951, 15).

Quizá esta declaración nos permite comprender un poco qué es lo que está pasando no solo en Cali, sino en todo nuestro país, donde precisamente con las ideas de “progreso” y “desarrollo” se está exterminando la biodiversidad y la cultura de nuestros pueblos, anteponiendo el apetito voraz del capital.

Por ahora, la lucha de la comunidad continúa y seguirá creciendo.

 

Silvia María Salazar Giraldo

Observadora ciudadana

 

Para tener más información sobre la ubicación del humedal, puede consultar la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=eJ9sDXGg8kI.

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El Observatorio de Realidades Sociales es un servicio y un espacio de la Arquidiócesis de Cali para monitorear, interpretar, difundir e incidir en el conocimiento de las realidades sociales de la ciudad-región, con la perspectiva de acompañar a la ciudadanía en la construcción de alternativas de vida.

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