TERRITORIALIZAR LA PAZ EN UN DIÁLOGO CERCANO CON LAS COMUNIDADES

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TERRITORIALIZAR LA PAZ EN UN DIÁLOGO CERCANO CON LAS COMUNIDADES

Durante un encuentro de tres días en la ciudad de Cali, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos se reunieron para hacer sus reflexiones en torno a la Iglesia y la construcción de la paz hoy en Colombia, y para definir algunos compromisos que les permita intensificar su compromiso alrededor de pactos por la vida que potencien lo logrado en los acuerdos, que alerten y acompañen con acciones humanitarias a las poblaciones que aún se encuentran en medio del conflicto y que generen una pedagogía para la paz en el marco de la implementación de los acuerdos con las Farc y de la mesa de diálogo entre Gobierno y Eln. 

De este encuentro emergieron importantes ideas de cara al compromiso de territorializar el diálogo sobre los acuerdos y de avanzar en una apropiación de la paz en Colombia. A continuación presentamos algunas ideas sobre las que se debe ir buscando camino práctico.

Parece ser que para algunos en Colombia sobraran pretextos para continuar con la dinámica de la guerra y para que en los territorios se siga sembrando la zozobra por procesos que hoy se ponen bajo signos de interrogación; a ello se suman las campañas de desprestigio, replicadas muchas de ellas por medios de comunicación o redes sociales, en las que se trasmite el mensaje del error que ha supuesto sentarse a las mesas para iniciar los distintos diálogos. Pero, ¿de dónde vienen esas campañas? ¿A quién realmente le conviene que retomemos el argumento de la guerra?  

Tal vez no ha sido suficiente el hecho de que después del proceso de paz, los índices de soldados heridos a causa del conflicto armado en el país se hayan reducido en un 97 %; que el número de personas afectadas por minas antipersona también se haya visto mitigado y que, en estas últimas elecciones a Cámara y Senado, muchas poblaciones que antes no podían ejercer su derecho al voto por instigaciones de la guerrilla, lo hayan hecho sin el riesgo a ser bombardeados. ¿Acaso lo anterior podría considerarse como hechos insignificantes? ¿Acaso la preservación de tantas vidas no merece asumir con decisión un camino de paz? ¿No sería más viable para nosotros apostarle a ese anhelo que se concretiza en miles de vidas salvadas, en vez de seguir en la vía infecunda de la sospecha y el señalamiento estigmatizante?

Es claro que para gran parte de la opinión pública el problema de la guerra radica fundamentalmente en la continuidad de grupos armados ilegales y en su monopolio sobre las armas y los territorios. Naturalmente que este es un problema real y que merece de atención priorizada. Sin embargo, este enfoque como tal tendría una variación si tuviéramos presente las fallas de un Estado que no llega a los territorios, que no ha logrado tener, como es lo propio, el control sobre las armas, y que todavía se encuentra en deuda en cuanto a la inclusión de la sociedad civil en propuestas de paz y de desarrollo, particularmente en las regiones más golpeadas por la guerra y el narcotráfico.        

En efecto, no se pueden negar las dificultades que se presentan en Colombia en materia de paz, aunque no se esperaba que esto fuera realmente fácil. Pero a esto se deben sumar los imaginarios que surgen en la opinión pública sobre los acuerdos, sobre los roles que juegan los actores y sobre las decisiones que se toman para avanzar en los procesos. La insatisfacción y el miedo que emergen de dichos imaginarios pone de manifiesto la necesidad de avanzar en una pedagogía de paz en los territorios, que empiece a desterrar la sospecha y que le inyecte esperanza a un proceso que no es solamente de quienes se enfrentaron físicamente entre sí, sino también de toda una sociedad que no ha podido entender que una de las dificultades estriba en que ella todavía cree que los beneficios de todo este proceso son solo para las Farc, desconociendo las 129 medidas que se diseñaron en el acuerdo de La Habana para atender de manera directa las causas estructurales del conflicto: uso y distribución de tierras, participación política y economías ilegales.

Se concluye entonces la necesidad de asumir con un profundo compromiso la territorialización de la paz, entendida esta como un diálogo cercano y humanitario con las comunidades; como una narrativa concreta, consistente y permanente; como un proyecto de formación política que permita hacer de la implementación de los acuerdos un proceso ciudadano que cuente con el concurso de todos los actores, precisamente porque la eficacia de esta negociación estriba en la necesaria apropiación de la sociedad entera, que posibilite la exigibilidad de oportunidades para avanzar en la paz y desarrollo humano integral de las comunidades.   

En este contexto, la Iglesia debe aprovechar la credibilidad institucional con la que cuenta y su capacidad de incidencia en las comunidades; desde su labor se puede facilitar la generación de herramientas para el discernimiento de los nuevos contextos regionales, nacionales e internacionales, e identificar escenarios que nos ayuden a responder humanitariamente a las distintas realidades de violencia que se experimentan en los territorios. Su palabra en este sentido es vital para ayudar a apuntarle a una convivencia pacífica, dejando claro que los conflictos no se resuelven con el incremento de la violencia. Para tales efectos, la mediación de la Iglesia puede ser inmensa en cuanto que ayudaría a que las personas aprendan a hacer un diálogo constructivo, por medio del cual se defienda y exija el cumplimiento de la palabra pactada y se generen puentes entre los acuerdos y la sociedad civil.

En suma, La Iglesia, como comunidad de hombres y mujeres que se nutren de la fe, está llamada, con sus acciones humanitarias y evangelizadoras, a generar optimismos inteligentes que, reconociendo la identidad cultural de las comunidades, el conocimiento, las experiencias y el acumulado de un trabajo realizado, nos ayude a avanzar en la implementación de la esperanza y en la apropiación social de la paz en Colombia.



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